Andrea Caro
Ocho días desde que le cancelaron la visa a Novak Djokovic por primera vez. El ministro de Inmigración, desató una nueva cacería contra el serbio, y le ha vuelto a retirar el visado, sin importar la decisión del juez Anthony Kelly.
El número uno del mundo del tenis, en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, admitió comer ‘errores humanos‘ en su documentación de viaje para entrar a Australia. Pero las autoridades locales siguen investigando sus declaraciones acerca de «no haber viajado en los 14 días».
«Hoy he ejercido mi poder bajo la sección 133C(3) de la Ley de Inmigración para cancelar el visado del Sr. Novak Djokovic basado en razones sanitarias y del mantenimiento del orden por ser de interés público», señaló el ministro en un comunicado.
Su abogado, Nicholas Wood, solicitó al tribunal una medida cautelar que impida la deportación. Y solicitará por escrito que lo antes del domingo, ya que el 16 de enero, Djokovic disputará la primera ronda del Abierto de Australia contra su compatriota Miomir Kecmanovic.
«El Gobierno de Scott Morrison está firmemente comprometido con la protección de las fronteras de Australia, especialmente en relación con la pandemia de COVID-19», dijo Hawke al justificar la medida adoptada después de que el Tribunal del Circuito Federal contra Novak Djokovic.
Las voces australianas sobre el ‘caso Djokovic’
Las autoridades australiana, luchan con un alza en los casos Covid19, que han pasado alrededor de 2.000 contagios diarios en diciembre a cada 150.000 esta semana, y viven escasez de productos por los contagios.
«Todo lo que podía hacer Djokovic es solicitar una revisión judicial en los tribunales. Y lo que hacen los tribunales con una revisión judicial es determinar si el poder ha sido ejercido lícitamente. Entonces todo dependería de cómo el ministro haya ejercido su poder y si lo hizo de manera lícita. La discrecionalidad que tiene el ministro es muy amplia, a menos que cometa un error de procedimiento, no cumpla con los términos de la Ley, o la decisión realmente no tenga fundamento», apunta Janina Boughey, experta en derecho público australiano